En Perú, la violencia escolar sigue siendo una prioridad pública. Durante el año 2024 el Ministerio de Educación impulsó estrategias para reducir este problema con alcance de millones de estudiantes, insistiendo en la necesidad de una cultura de paz, protocolos claros y trabajo conjunto con docentes, familias y especialistas. Además, el sistema SíseVe continúa siendo la principal plataforma oficial de reporte y seguimiento de casos, y el Minedu actualizó en septiembre de 2025 sus protocolos de atención para reforzar la respuesta frente a bullying, ciberbullying, violencia con armas y otras situaciones de riesgo en colegios públicos y privados.
Los datos nacionales también muestran que el problema no es marginal. El MINEDU, a través del informe denominado "Estudio sobre Habilidades Sociales y Emocionales 2023" (SSES, 2023, por sus siglas en inglés) señaló que los reportes de denuncias en SíseVe pasaron de 9,384 en 2018 a 19,781 en 2023, y reportó experiencias frecuentes de difusión de rumores, exclusión y burlas entre estudiantes, además de agresiones y amenazas. Esto confirma que la convivencia escolar requiere profesionales con formación específica en prevención, detección temprana y mediación.
A nivel regional, el panorama es igualmente exigente. UNICEF y OPS reportaron en 2026 que en América Latina y el Caribe una de cada cuatro personas adolescentes de 13 a 17 años experimenta acoso escolar, y remarcaron que la violencia se entrelaza entre hogar, escuela, comunidad y entorno digital. Para la Subregión Andina, este desafío adquiere especial relevancia por la coexistencia de desigualdades, movilidad humana, violencia comunitaria y brechas institucionales. En ese marco, pensar la prevención escolar desde una lógica andina significa diseñar respuestas adaptadas a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, no solo importar modelos externos.